Los exconcejales de Ahora Madrid entre 2015 y 2019, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como la que fue consejera delegada de la empresa municipal Madrid Destino, Ana Varela, han sido absueltos definitivamente de las acusaciones que les imputó el PP, gracias a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid fechado el 13 de enero de 2023.
Jesús María Pérez
Pero ahí no acaba la cosa. Finalmente, quienes pedían maliciosamente 5 años de cárcel y 24 años de inhabilitación para los acusados, han terminado siendo condenados por actuar “con temeridad”, es decir, sin ningún tipo de evidencia o prueba, al pago de las costas del proceso. El primer fallo de la Audiencia Provincial en mayo de 2022, consideraba un hecho probado que el grupo municipal del PP, con la firma del Sr. Almeida, había actuado “con mala fe y temeridad”. Posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en noviembre de 2022, confirmaba la “temeridad” pero retiraba de las conclusiones la “mala fe” alegando que también había que demostrarla.
Con la sentencia absolutoria los tres perseguidos por el PP recuperan los 56.900 euros que se vieron obligados a depositar en el juzgado, respiran aliviados ante la amenaza de cárcel (no serían los primeros que terminan en siendo condenados con acusaciones falsas), pero, lo más importante, es que ven respaldada la completa honestidad de su gestión en la institución municipal.
Citamos las palabras de Fátima Caballero que son sobradamente elocuentes. “Los jueces de la sección séptima de la Audiencia de Madrid no escatimaron en folios para tirar por tierra las acusaciones del PP y ensalzar el trabajo que hicieron tanto los concejales como la consejera delegada. Actuaron, según los jueces, para “proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, con un “cumplimiento escrupuloso” de sus funciones y “extremando las consultas previas” antes de contratar a los abogados externos”.
Con la firma de Martínez-Almeida
Los hechos se remontan a principios de 2017. Cuando Carlos Sánchez, Celia Mayer y Ana Varela comprueban el desarrollo sospechosamente lesivo para las arcas municipales del Open de Tenis de Madrid, iniciado en la época de Gallardón, y deciden pedir su colaboración a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para investigar las irregularidades de los contratos que regían el evento. “Nosotros no estábamos en contra del Open de tenis. Estábamos en contra de pagar un pastizal por un máster de tenis que en Roma cuesta cero euros de dinero público”, afirmaba Carlos Sánchez cinco años después.
Ante la negativa de los servicios jurídicos municipales a investigar alegando que Madrid Destino, aunque era una empresa municipal, quedaba fuera de sus funciones, deciden contratar a dos bufetes de abogados para realizar la labor indagadora. Como resultado, y en base a los informes jurídicos que les entregan, deciden poner una denuncia ante la Fiscalía el 23 de marzo de 2017.
El PP, pesar de que esa denuncia fue posteriormente archivada por un juez, decidió defenderse como gato panza arriba e interpuso una querella, firmada por Almeida, contra los tres acusados por “malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario” el 21 de junio de 2017.
Los abogados de los acusados alegaron ante el juzgado que el grupo municipal del PP no tenía la personalidad jurídica necesaria para interponer querellas tal y como se recoge en abundante jurisprudencia.
Ante el peligro de que la querella del PP fuese rechazada debido a una argumentación sólida, cuatro días después de presentadas las alegaciones, el 7 de julio de 2017, el tenebroso comisario Villarejo pidió su entrada en la causa a través de una asociación pantalla llamada Transparencia y Justicia. Tenía buena información. Los hilos entre juzgados, espías y PP funcionaban a la perfección. No solo garantizaba la continuidad de la demanda, sino que tenía acceso a toda la documentación del sumario.
Cacería política
A partir de ese momento se desata la cacería política. Almeida, el firmante, no pierde ocasión para tildar a los acusados de “delincuentes”. Más que la querella parecía que había firmado la sentencia. Durante más de cinco años en los Plenos, ante la prensa, en cualquier momento o situación, viniera a cuento o no, cargaba contra los “delincuentes” de Ahora Madrid. Se trataba de destruir personal y políticamente a los acusados, y, de paso, ensuciar todo lo posible el nombre de Ahora Madrid debilitando cualquier intento de cambio real. Eso dio pie a que sus concejales y adláteres, hiciesen lo mismo. En los Plenos centrales, en los Plenos de las Juntas municipales, en todo momento sus ediles, sus vocales, y con un seguidismo rastrero, los de Cs y Vox, repitiesen la misma cantinela sin cesar. De paso, el insulto les servía para tapar cualquier debate que no les interesara.
La verdad es que se jugaban mucho. El Open de Tenis, con ser un gasto oneroso repleto de irregularidades no corregidas, no deja de ser una migaja en el océano de gestión de lo municipal por la derecha durante décadas que primaba intereses particulares. Si se permitía investigar, aclarar y corregir todo lo que rodeaba a estos contratos, detrás vendrían otros muchos más. Recordemos los 8.500 millones de euros que la auditoría inacabada del gasto público en el Ayuntamiento iniciada en 2015 declaró como quebranto de las arcas municipales: “8.500 millones en sobrecostes injustificados en grandes obras, en contratos incumplidos o inflados, en obras inacabadas, en proyectos fallidos, en ventas de patrimonio público por debajo del precio de mercado, en alquileres sobredimensionados y/o innecesarios, o alquileres de naves sin uso, en operaciones financieras ruinosas para el Ayuntamiento pero muy rentables para la banca, intereses de demora en el pago a proveedores, contratos con cláusulas abusivas contra el propio Ayuntamiento, en actos de inauguración de 1,5 millones de euros…”.
Simplemente, no lo podían permitir. La batalla era por algo mucho más grande que el Open de Tenis como se demostró poco tiempo después con la destitución de Carlos Sánchez Mato por su enfrentamiento político con el ministro Montoro. Su defensa a ultranza de la expansión del gasto social frente a los recortes exigidos por el ministro, su firmeza a la hora de llevar a cabo la auditoría de la deuda y del gasto público municipal, así como su decisión de combatir la corrupción, de la que el Open no era más que la punta del iceberg, se saldó con su cese como delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.
Sentencia absolutoria
La sentencia absolutoria definitiva no repara el tremendo daño ocasionado durante casi seis años. Pagar las costas del proceso judicial, aparte de ser una minucia para el PP, es un dinero que considerarán bien invertido pues les ha permitido llevar a cabo una persecución de la que han sacado mucho más rédito tanto político como económico. También les ha servido para lanzar un aviso a navegantes y que cualquiera que tenga en mente limpiar las instituciones se lo piense dos veces antes de lanzarse a la aventura.
Pero de nada les servirá. La difamación, el insulto, la mentira, tienen las patas cortas. Nada puede empañar la alegría de una sentencia que, a pesar de la situación lamentable de la judicatura, demuestra que hay que levantar las alfombras por mucha resistencia que haya por parte de aquellos que se están beneficiando de un statu quo maloliente.
Todas sus artimañas no van a impedir que antes o después haya otra oleada democratizadora de las instituciones, nuevas oleadas de lucha por los derechos de la mayoría trabajadora que barrerán toda forma de opresión y todo el caciquismo que aún impregna nuestra sociedad, siguiendo el ejemplo de aquellos y aquellas lucharon hasta donde les dieron sus fuerzas abriendo el camino a la emancipación social.