Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre de 2021, el 96% de los encuestados respondía afirmativamente a la pregunta de si eran necesarios más recursos para reforzar el sistema sanitario. El 95% también respaldaba la afirmación de que es necesario el aumento de las plantillas sanitarias. ¿Creéis que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022 responden a esta inquietud casi unánime de la población?
Jesús María Pérez. AVV
Veintiséis años lleva gobernando la Comunidad el PP y los presupuestos de 2022 suponen un nuevo golpe a los servicios públicos, fundamentalmente Sanidad y Educación, que son las principales competencias sociales del gobierno autonómico.
Para 2022, 781 millones de euros menos que lo gastado en 2021
Centrándonos en la Sanidad, citamos en primer lugar un comunicado de la Mesa Sindical de la Sanidad en la que están representados los cinco principales sindicatos del sector:
“…Se destina a todo el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid … un 3,57% del PIB, lo que equivale a 1.340 euros per cápita (Datos de población del INE a 1/1/2021), situándose muy por debajo de la media per cápita de los presupuestos sanitarios del resto de Comunidades Autónomas en 2021 (1.612,31€). …Un año más, Madrid es la comunidad que menos invierte en Sanidad, muy lejos del 8,6% de Extremadura o del 7,6% de Murcia o Asturias o incluso de la media estatal del 6% (según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad). El gasto real en el año 2019 fue de 9.654 millones. Es decir, se presupuestan 781 millones menos del gasto real que hubo en 2019”.
En noviembre de 2021, el 12% de la población madrileña estaba en alguna lista de espera de la sanidad pública
La comunidad, de la que su presidenta y su cohorte “celestial” no pierden ocasión para presumir de forma indecente de ser la más rica de todo el Estado, sin embargo, es la que menos gasta en la sanidad de sus habitantes. Y, además, ese presupuesto tiene que dividirse entre la pública y los regalos a la privada.
Respecto a la Atención Primaria (AP), el mismo comunicado afirma que “solo se invertirán 682,2 millones, lo que realmente supone un 7,76% del gasto sanitario total, inferior al 11,2% del 2019 y muy lejos de ese 25% recomendado para disponer de una AP de calidad por organismos internacionales como la OMS y también la mitad que la media de todas las CCAA en 2019 (15%)”. La Atención Primaria madrileña ha recortado su inversión 5 puntos en los 10 últimos años.
Los centros de salud de la Atención Primaria están colapsados, al menos, desde el inicio de la pandemia. A pesar de ello no solo siguen recortándose sus presupuestos, sino que se mantiene el cierre servicios que podrían aliviar su situación. El cierre de los 37 centros de Servicios de Urgencia de la Atención Primaria (SUAP) se consolida en 2022 por su exclusión de los presupuestos tras casi dos años cerrados, en plena pandemia.
495 médicos dónde debería haber 878
Según CCOO, el SUMMA, Servicio Médico de Urgencia de la Comunidad de Madrid (112), ha perdido el 21% de sus médicos en los últimos cinco años. El sindicato calcula que este servicio debería contar con 878 médicos como mínimo para cumplir las recomendaciones mínimas del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, según el portal estadístico del propio SERMAS, en julio de 2021 contaba con 495, poco más de la mitad de los necesarios y con el agravante de que sufren una temporalidad del 84%, nada que ver con el 8% que marca como máximo la ley.
Con este panorama, no es de extrañar la oleada de jubilaciones, excedencias, bajas de larga duración, dimisiones y traslados de personal sanitario a otras comunidades. Luego dirá Ayuso que no hay médicos. Un síntoma de la situación que los máximos responsables han creado en la Sanidad Pública madrileña fue la huelga que tenían convocada los médicos de familia (el sindicato mayoritario del sector) el mismo día que Ayuso convocó las pasadas elecciones autonómicas. El sindicato CSIT estimaba en julio de 2020 en un 49,3% la temporalidad en la sanidad madrileña calificando la situación de “desorbitada” e “insostenible”.
Pero esta situación puede ir a peor, sin duda alguna, si se lleva adelante la amenaza de cancelar 11.000 contratos de personal sanitario, 5.500 de ellos médicos, a finales de año o principios de 2022, con la justificación de que son personal de refuerzo Covid. Lo cierto es que el refuerzo nunca fue tan numeroso porque una parte muy significativa de esos contratos era personal estructural, que estaba trabajando en la más absoluta precariedad antes de la pandemia. La pandemia se aprovechó para convertir sus ya precarios contratos temporales, de hasta 17 horas por una guardia, en “contratos de refuerzo covid”. De esta forma, se pone de manifiesto que lo que en realidad se pretende es acabar no solo con el personal de refuerzo, sino llevar a cabo un nuevo recorte de puestos de trabajo en el conjunto de la sanidad pública madrileña.
Inasumible exceso de fallecimientos
La política sanitaria del PP, no solo tiene efectos perniciosas para el conjunto de profesionales que intervienen en este ámbito, sino que también tiene graves consecuencias para la población en general. En junio de 2016, había 229.000 pacientes en lista de espera para tener una consulta con el especialista, una operación o una prueba diagnóstica. En noviembre de 2021, la cifra ha ascendido a 750.000 personas, casi tres veces más, lo que supone un 11,2% del conjunto de la población, una cifra jamás alcanzada antes. Esta cantidad es en realidad superior, pues uno de los trucos para disfrazar su verdadera dimensión es que una persona solo puede figurar en una lista de espera, aunque tenga dos o más citas. Y esto sin tener en cuenta la situación en Atención Primaria en la que el creciente retraso generalizado de las citas anula gran parte de su eficacia, como puerta y filtro del sistema sanitario.
En el SUMMA (112), la temporalidad afecta a más del 80% de su plantilla
Pero, sin duda, la consecuencia más trágica de esta política de la derecha madrileña de debilitamiento consciente del sector sanitario público es, sin duda, el incremento inasumible de fallecimientos durante la pandemia y no solo a causa del covid. Según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), la Comunidad de Madrid experimentó un aumento de la mortalidad del 41% en 2020, más del doble de la media nacional (18%), convirtiéndose en la región europea con mayor exceso de mortalidad durante ese año, según la nada sospechosa fuente informativa de Telemadrid.
Mucho tuvo que ver con esa mortandad, lo ocurrido en las residencias de mayores, a las que se las prohibió derivar pacientes a los hospitales desde el 18 de marzo, cuando la pandemia golpeaba más duramente a este colectivo. El portavoz de Vitalia, uno de los grupos empresariales que gestiona este tipo de centros, así lo declaraba en mayo de 2020, afirmando que tenían la orden “por escrito”. Resultado: más de 7.000 fallecimientos, muchos de ellos sin la atención médica necesaria. La Asociación Defensor del Paciente interpuso una querella ante el Tribunal Supremo y a la Fiscalía General del Estado por homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio contra 26 cargos de responsabilidad, entre ellos, los directores de 10 geriátricos, Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Gestión venenosa
Hemos empezado titulando la gestión de la Comunidad de Madrid, la de Ayuso, como “venenosa” porque creemos que encaja con dos de las definiciones que la RAE da de veneno: “Cosa nociva a la salud” y “cosa que puede causar un daño moral”.
Que es una gestión “nociva” para la salud de la mayoría de la población ha quedado claramente demostrado en los párrafos precedentes, pero sobran los ejemplos que lo corroborarían. Que en algunas zonas haya una media de 10 plazas vacantes de personal sanitario en los Centros de Salud de Atención Primaria, empujando con ello a la gente para hacerse un seguro privado, fomentando la “telemedicina” a distancia como negocio en manos de empresas médicas, comerciales, de seguros, bancarias o de telefonía; que haya 50 Centros de Salud pendientes de construirse mientras se derrochan 170 millones de euros en la construcción de un hospital fantasma desmontable (el Zendal); que se dejaran de hacer pruebas PCR, salvo en los casos de hospitalización o muy evidentes, impidiendo que se conozca la verdadera evolución de la enfermedad; que no haya una estructura sólida de rastreadores y se mantenga a los Servicios de Salud preventivos y epidemiológicos bajo mínimos; que se culpe al Gobierno central de que no llegan las vacunas, mientras se tienen que tirar 100.000 dosis caducadas por una organización que excluía a los centros de salud; que se aumente el gasto en altos cargos mientras se dice que no hay dinero para contratar pediatras o personal de enfermería…
Que es una gestión “que puede causar un daño moral” habría que reafirmarlo con la constatación de que ya lo está haciendo. Esforzarse para hacer creer a la población que la salud general está garantizada sin la Sanidad pública es un peligro para la salud global, incluidos aquellos que escapan o prefieren la privada. Y mayor daño moral hace todavía creer que eso, denostar y destruir la estructura pública de la sanidad, es libertad.
La pandemia no ha tenido peores consecuencias gracias a los sobreesfuerzos que ha hecho el personal laboral de la sanidad (incluyendo a una buena parte del personal de la privada) y no gracias, sino a pesar de una política suicida al servicio de las grandes empresas, que recortando los recursos disponibles por la sanidad pública pone en peligro nuestra salud y la vida de nuestras familias.